Uruguay tiene unas 15 regiones que ya forman parte del llamado Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Algunas de ellas son la Quebrada de los cuervos (Treinta y Tres), Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (Río Negro), el Valle del Lunarejo (Rivera), Cabo Polonio y la Laguna de Rocha (Rocha), y los Humedales de Santa Lucia (Canelones, Montevideo y San José).
Pero, ¿qué es un área protegida? Según la información disponible en la web del SNAP, "un área protegida es la superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces".
El sitio de internet del SNAP destaca como ejemplos de áreas protegidas a "un humedal, un bosque tropical, un paisaje cultivado de valor, una sabana, un área marina, o cualquier otro tipo de ecosistema natural o parcialmente modificado, o una combinación de diferentes tipos de ecosistemas".
La protección de la biodiversidad del país
La creación del SNAP fue declarada de interés general por la Ley 17.234 de febrero de 2000, reglamentada cinco años más tarde. Se concibió ese sistema como una herramienta fundamental para armonizar el cuidado del medio ambiente, en particular de la diversidad biológica, en el desarrollo económico y social del país. Si bien Uruguay tuvo áreas protegidas desde las primeras décadas del siglo XX, no hubo hasta mediados de la década pasada un organismo que centrara la coordinación de esas áreas ni una política para administrarlas.
La implementación del SNAP fue una de las prioridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). La Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente de ese ministerio, asumió el rol de regulador del sistema, con la responsabilidad de estudiar las diversas áreas que en algún momento fueron declaradas como protegidas y analizar cuáles podrían ingresar al nuevo plan.
Los "valores" que se buscan conservar en un área protegida son, en líneas generales, los ecosistemas, las especies y la diversidad genética y cultural, muchas veces amenazados por determinadas presiones humanas, como por ejemplo algunas actividades agropecuarias, agrícolas y forestales, entre muchas otras. También se puede llevar adelante una tarea de protección con fines de investigación científica, turismo, recreación y educación. No se trata sólo de cuidar un paisaje o la diversidad genética de una zona, sino también de proteger tradiciones de vida y cultura de poblaciones que viven en esas áreas.
La propuesta para que una zona sea declarada como protegida puede partir del MVOTMA, de una comunidad local o de una organización no gubernamental, entre otros actores, sin importar que pertenezca al Estado o a un particular. El proceso de decisión sobre la protección de un área incluye varios pasos, entre los que se destaca la realización de audiencias públicas para que cualquier interesado pueda realizar observaciones y aportes.
A su vez, es necesario estudiar caso a caso para determinar la forma de manejo de cada una de las áreas, con reglamentaciones y restricciones en cuanto al uso de los recursos, con una clara definición de determinados objetivos de protección.
A la hora de establecer un área protegida también hay que definir el mecanismo de gestión, que puede estar en manos del Estado, una organización no gubernamental, una empresa privada o de una asociación entre una compañía pública y otra privada, entre otras formas.
Otra de las cuestiones fundamentales en lo que hace al establecimiento de áreas protegidas es lo que tiene que ver con la participación de las comunidades que viven en las zonas en cuestión. El SNAP se implementó buscando que los propietarios de predios en zonas protegidas tuvieran instancias en las que intervenir, discutir, incidir de alguna manera en la definición específica del plan de manejo de esas zonas. Además se buscó generar oportunidades de trabajo para esas comunidades, en sectores como el turismo, el ecoturismo, o en servicios como el transporte, por ejemplo. (...)
El SNAP ha sido creado y desarrollado para evitar que el desarrollo económico y social del país se desentienda de la protección del medio ambiente.
Es necesario fortalecer el SNAP, mejorarlo, para asegurar la protección de nuestra riqueza natural y la biodiversidad, no sólo como objetivos en sí mismo, que de por sí lo valen, sino también como factores de apoyo y sustento para el mejor desarrollo de nuestras poblaciones locales.
* "El Tomate Verde" N°59
Julio/Agosto 2011
páginas 10 y 11
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